viernes, 25 de enero de 2013

“NO SE OLVIDE DE CABEZAS”




Se recuerda este viernes un nuevo aniversario del crimen que conmovió al país y por el cual solamente dos personas continúan en prisión. El excomisario de Pinamar tiene arresto domiciliario y estudia Derecho. 

El 25 de enero de 1997 se llevó a cabo un hecho que atentó contra la libertad de expresión de un trabajador. José Luis salía de la casa de Oscar Andreani, presidente de la cadena de correos, ubicada en la ciudad costera de Pinamar. A José Luis lo secuestró una banda, lo golpearon, le pegaron dos balazos en el cráneo con total impunidad, y como si fuera poco, lo esposaron e incendiaron su cuerpo dentro del automóvil que la revista Noticias había alquilado, un vehículo Ford Fiesta blanco, en la cava de General Madariaga en las afueras de Pinamar.

“Lo mató una mafia que no quería que la fotografiaran”, expresó su hermana Gladys Cabezas. El asesinato del reportero gráfico ocurrió luego que la revista para la cual trabajaba, realizara una investigación sobre el presunto caso de corrupción de parte del empresario postal “Alfredo Yabrán durante la gobernación de Eduardo Duhalde, y la presidencia de Carlos Saúl Menem.”

Yabrán,  autor intelectual del asesinado del fotógrafo, se suicidó cuatro días después que la Justicia, el 16 de mayo de 1998, ordenara su captura.

En el 2000 fueron condenados a prisión por el asesinato de Cabezas, Horacio Braga, José Luis Auge, Sergio González y Héctor Retana, la banda de “los horneros”. Sólo los dos primeros continúan tras las rejas, aunque por otro motivo: por haber violado las condiciones de arresto domiciliario. Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, fue acusado y condenado como principal responsable de ordenar el crimen. Los ex policías Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Cammarata, y el ex comisario de Pinamara, Alberto Gómez, fueron también enviados a prisión. Gómez en diciembre de 2002 recibió la pena de cadena perpetua acusado de haber liberado la zona donde se cometió el crimen.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo las sentencias de los acusados, y el “beneficio” de cumplir su pena en arresto domiciliario.











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